España es el segundo país de la Unión Europea en número de cazadores (980 000)
La caza está siempre en el punto de mira de los ecologistas.
Sin embargo, un cazador no dudará en decirte que ellos también protegen el medio y que su actividad, además de estar regulada, colabora en el mantenimiento y preservación de las especies animales y vegetales.
Pero, ¿cómo se puede decir que proteges el medio ambiente si matas animales?
Esto me llevó a echar una pequeña ojeada, a hablar con unos y con otros y finalmente a elaborar un pequeño reportaje para responder a esta pregunta: ¿Pueden los cazadores proclamarse defensores del medio ambiente?
Pues ahí va, para que no quede en el olvido. Quien quiera, que comente, que para eso está.¿PUEDEN LOS CAZADORES PROCLAMARSE DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE?
Actualmente en España hay una licencia de caza por cada 44 habitantes, según la Federación Europea de Asociaciones para la Caza y Conservación (FACE, siglas en inglés).
La misma agrupación informó en febrero del presente año que en este país hay un total de 980 000 personas que practican esta actividad, lo que lo convierte en el segundo de la UE en número de cazadores.
En total, más de 6,3 millones de personas cazan en los 27 países de la UE, lo que llevó a esta agrupación a presentar un manifiesto, de cara a los comicios europeos de junio, en el que pedían a los europarlamentarios y al futuro equipo de la Comisión Europea «un mayor apoyo a la caza y un reconocimiento de su papel para proteger el medio ambiente y la biodiversidad».
La responsabilidad en la conservación del medio ambiente es uno de los argumentos que usan los colectivos de cazadores para defender su actividad. Así, el presidente de la Real Federación Española de Caza (RFEC), Andrés Gutiérrez Lara, propone que en el terreno legislativo «se reconozca el papel primordial que la caza y los cazadores tienen como parte activa en la conservación de la naturaleza, de la fauna y de la flora en España» y que «se incentiven programas de recuperación de especies y hábitats».
Sin embargo, este argumento de conservación medioambiental y preservación del equilibrio ecológico que esgrimen las agrupaciones de cazadores no convence a todos los sectores.
Para Joaquín Reina, encargado del área de conservación natural de Ecologistas en Acción, «no se puede decir que el objetivo de un cazador sea conservar la especie, pues es contrario a lo que supone la actividad de la caza: matar animales».
Según Reina, con la actividad cinegética (arte de la caza según la Academia) se «sobrepasan las limitaciones del medio». El miembro de Ecologistas en Acción sostiene que se manipula la fauna «no solo cinegética» lo que conlleva la modificación de las condiciones medioambientales de los terrenos que ocupan los cotos de caza.
«Las vallas cinegéticas —dice Reina— marcan un antes y un después en el sentido “ético” de la caza». Desde esta agrupación ecologista sostienen que estos vallados tienen «un gran impacto medioambiental», ya que suponen una barrera para el tránsito natural de muchas especies animales.
Por parte de los cazadores, estas mallas —cuyas características están marcadas por el Ministerio de Medio Ambiente— están pensadas para delimitar terrenos y de esta forma gestionar adecuadamente las especies cinegéticas, sin que su instalación suponga un peligro para las especies.
Así lo expresa Iván Martínez-Cubells, cazador, organizador de cacerías y gestor de áreas naturales, quien declara que gracias al establecimiento de vallas cinegéticas se puede controlar el número de animales y, de este modo, evitar la superpoblación, que repercute directamente en el deterioro del monte.
También recuerda que existen prácticas minoritarias que no respetan las restricciones establecidas, lo que ha provocado un debate dentro de la propia comunidad de cazadores: «Hay propietarios de fincas de caza, algunas incluso de poca extensión, que colocan vallas no cinegéticas (alambradas no preparadas para ser sorteadas por los animales) que hacen muchísimo daño para mantener dentro a las especies, convirtiendo estas zonas en auténticos cercados».
Para Martínez-Cubells «el ideal sería que no existieran los cercados», y además asegura que entre los propios cazadores «lo que más se valora y mayor demanda tiene son los cotos no cercados, que permiten el trasiego libre de los animales».
La caza es una actividad que regulan el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las consejerías de medio ambiente de cada comunidad autónoma. Biólogos, ingenieros agrícolas y forestales y veterinarios, entre otros especialistas, se encargan de establecer las vedas (periodos de caza de cada especie) así como de repartir los permisos que permiten abatir un determinado número de animales en función de los estudios realizados.
Iván Martínez-Cubells defiende lo que denomina «caza-conservación», ya que «gracias a la labor de muchos gestores de caza se consigue la conservación de multitud de especies, lo que además permite un aprovechamiento cinegético regulado y controlado».
A este respecto, cuenta que, durante la gran sequía que asoló España en el año 1995, muchos propietarios de cotos y fincas de caza no repartieron licencias y a través financiaciones privadas trabajaron en la creación de embalses y charcas, que recogían agua desde pozos subterráneos.
Existen otros hechos que avalan la caza-conservación, una denominación aparentemente contraria. En febrero fue concedido a la Reserva Regional de Caza de Gredos el premio Edmond Blanc por los logros conseguidos en la conservación de la Capra pyreanica victoriae mediante la gestión cinegética.
Esta idea también se recoge en la página web de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra de Segura (ADRSS): «La situación de la caza mayor en el coto ha ido normalizándose bajo la regulación, introducida en 1999, por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural. De este modo, la actividad cinegética ha quedado supeditada al mantenimiento del equilibrio entre las diferentes poblaciones animales, favoreciendo el desarrollo de las especies autóctonas y promoviendo el control y la reducción de las especies que se introdujeron en la zona poco antes de la creación del coto».
La superpoblación, como se ha dicho, es un fenómeno que tiene un gran impacto sobre el monte y provoca el sufrimiento y deterioro de la capa vegetal. Por este motivo, cuando se reparten las licencias de caza, existen unos permisos de «caza selectiva» en los que se incluye la caza para el control de poblaciones.
Estos permisos de caza, según explica la ADRSS, «afectan a los ejemplares de menor envergadura y con deformidades en su cuerna, mientras que la caza para el control de poblaciones tiene como objetivos reducir las especies en aquellas zonas donde estos animales ejercen una fuerte competencia con otras y aligerar su presión en las inmediaciones de zonas cultivadas. Los descastes van dirigidos a equilibrar las relaciones entre poblaciones macho y hembra en la cabra montés y el ciervo».
Un caso relevante que evidencia los peligros de la superpoblación apareció publicado en el diario El País el 17 de abril de 1989. Se trataba de una epidemia de sarna que afectó a la población de gamos y muflones de la sierra de Cazorla. La noticia decía lo siguiente: «Cazadores adscritos a la Federación Andaluza de Caza han abatido durante el tiempo transcurrido de esta primavera alrededor de 500 gamos y muflones en el parque nacional de Cazorla, autorizados por los responsables de la conservación del parque. La caza se ha realizado con el fin de rebajar las poblaciones de esas especies, que amenazan el hábitat y la supervivencia de la cabra montés, especie protegida y endémica de la Península», según el director conservador del parque Emilio González Capitel.
González Capitel explicaba en ese mismo artículo que «la presión demográfica ejercida por el gamo y el muflón ya provocó en la zona la extinción del corzo. Y ahora estos animales han ocupado el hábitat de la cabra montés, de forma que ésta tiene que buscar otros espacios. Ello incide en una peor alimentación y en la disminución de las defensas inmunitarias de esta especie, que se ve más expuesta a padecer infecciones».
La caza, además, supone una importante actividad económica. Se estima que mueve unos 3000 millones de euros al año y representa entre un 10 y un 15 % del PIB en comunidades como Castilla-La Mancha. Así lo asegura el gerente de la Real Federación Española de Caza, Santiago Ballesteros, y añade que «alrededor de 60 000 personas viven directamente de ella, sin contar los empleos indirectos que genera».
Las corrientes críticas con esta actividad han conseguido presionar a las administraciones para que modifiquen la legislación. La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad de noviembre de 2007 provocó una manifestación de cazadores y agricultores que recorrió Madrid el 1 de marzo de 2008 bajo el lema «Por el campo, la caza y la biodiversidad». Los manifestantes protestaron contra el Gobierno reclamando que desaparezcan los artículos de la ley sobre los Espacios Protegidos españoles, especialmente el que se refiere a la prohibición total de la caza con balas de plomo, y rechazando las expropiaciones de terrenos y cotos de caza de las zonas protegidas, pues consideran que la normativa debería premiar a quienes conservan el medio rural.
A tenor de este enfrentamiento con la estrategia territorial del Gobierno, hay que tener en cuenta que si existiese una agrupación política que represente los intereses de los cazadores podría arrastras más de un millón de votos en España.
